Blog de Borja Fdez. Burgueño

Blog especializado en derecho administrativo, derechos humanos, asilo y protección internacional.

Sobre la necesidad de habilitar nuevas vías legales y seguras para acceder al territorio europeo

Tras el cierre de facto del procedimiento de embajada y los reducidos niveles de reasentamiento en España, paradójicamente, la mayor barrera para acceder al procedimiento de asilo español no es ni la valla de Ceuta y Melilla ni los controles fronterizos ni tampoco las trabas burocráticas, sino el personal de las aerolíneas y compañías de transporte aéreo, marítimo y terrestre. Así lo han querido y diseñado los países europeos[1]. Las sanciones a los transportistas constituyen una de las principales disposiciones para evitar el acceso no autorizado al territorio de la UE[2].

Si bien tanto el art. 26 del Acuerdo de Schengen como la Directiva 2001/51/CE del Consejo, de 28 de junio de 2001, que completa sus disposiciones, reconocen que las sanciones[3] “se aplicará[n] sin perjuicio de las obligaciones de cada Estado miembro en caso en los que un nacional de un tercer país busque protección internacional”, las compañías de transporte prefieren negar el acceso a toda persona que no posea los documentos de viaje exigidos[4], independientemente de si la persona está en necesidad de protección internacional o no. En este sentido, Gammeltoft-Hansen destaca que “las sanciones a los transportistas operan generalmente de manera indiscriminada sin atender a cuestiones de protección internacional y los solicitantes de asilo son particularmente proclives a ser rechazados ya que son naturalmente propensos a carecer de documentación completa y es improbable que se les haya concedido un visado”[5]. Si bien la UE fomenta la política de no sancionar en el caso de que la persona transportada formalice una solicitud de asilo[6], la realidad es que “las autoridades nacionales, incluidas los funcionarios de inmigración y el personal de las aerolíneas que operan en el extranjero, frecuentemente no son conscientes de la distinción primordial entre refugiados, que tienen derecho a la protección internacional, y los demás inmigrantes”[7]. Como consecuencia, “ante la duda, se les deja fuera”[8]. Sin visados, los refugiados tienen bloqueado el pasaje en vuelos regulares y ferris[9].

Esta política, ligada a ausencia de vías legales y seguras para acceder al territorio europeo, obliga a los refugiados que huyen de sus países de origen y que, debido a la ausencia de expectativas esperanzadoras de futuro, la saturación y el rechazo de los países limítrofes, no pueden encontrar protección efectiva en los países de su entorno, a ponerse en manos de mafias y arriesgar su vida en el Mediterráneo como única vía posible para encontrar refugio frente a la persecución y poder rehacer sus vidas. Conforme con el sector doctrinal mayoritario, la política de cierre de fronteras de la UE y la ausencia de vías legales y seguras para acceder al territorio europeo han desplazado de facto el control del flujo migratorio a manos de las mafias[10].

Esta necesidad de habilitar vías legales no podría ser expresada de manera más elocuente y directa que como lo hizo el Abogado General de la UE en el asunto C-638/16 PPU. Con sus duras palabras se concluye este apartado:

 “Lo que me parece especialmente preocupante es la negativa, que se da en el asunto principal, a reconocer una vía legal de acceso al derecho a la protección internacional en el territorio de los Estados miembros —negativa que, desgraciadamente, precipita con frecuencia a los nacionales de terceros países en búsqueda de tal protección, a unirse, a riesgo de sus vidas, al actual movimiento de inmigrantes ilegales hacia las puertas de la Unión—, especialmente habida cuenta de los valores humanitarios y de respeto de los derechos humanos en los que se basa la construcción europea. ¿Es preciso recordar que, como afirman los artículos 2 TUE y 3 TUE, respectivamente, la Unión «se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana […] y […] de los derechos humanos» y «tiene como finalidad promover […] sus valores», incluso en sus relaciones con el resto del mundo?”[11]

[1] Gammeltoft-Hansen en su tesis señala que el objetivo de estas políticas radica en la voluntad de excluir el control de los flujos migratorios del ámbito de la responsabilidad estatal a través de mecanismos de externalización y deslocalización de los controles fronterizos. Vid. T Gammeltoft-Hansen, op. cit., 2009

[2] Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y Consejo de Europa, Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración. Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2014, p. 33; G. GOODWIN-Gill, op. cit., 1996, pp. 31 y 252; T Gammeltoft-Hansen, op. cit., 2009, pp. 188 a 239

[3] Sanciones de un importe mínimo de 3.000€, pudiendo llegar hasta los 5.000€ por pasajero o 500.000€ por infracción. Art. 4 de la Directiva 2001/51/CE del Consejo, de 28 de junio de 2001, por la que se completan las disposiciones del artículo 26 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985

[4] Nótese que a los nacionales de los Estados que generan más refugiados, entre ellos Siria, se les exige un visado de tránsito para acceder al territorio europeo. Vid.: European Commission, “List of third countries whose nationals are required to be in possession of an airport transit visa when passing through the international transit area of airports situated on the territory of one/some Member States”, 14 de noviembre de 2016, online en: https://goo.gl/LJWWkS

[5] T Gammeltoft-Hansen, op. cit., 2009, pp. 199 a 200

[6] J. HATHAWAY, op. cit., 2005, pp. 385 y 404

[7] UNHCR/ACNUR. Interception of asylum-seekers and refugees: the international framework and recommendations for a comprehensive approach. (EC/50/SC/CPR.17), Executive Committee of the High Commissioner’s programme,18th Meeting of the Standing Committee, 9 de junio de 2000, párr. 17

[8] T Gammeltoft-Hansen, op. cit., 2009, p. 204

[9] C. Costello, “It need not be like this”, Forced Migration Review, 51 (2016), pp.12 a 14

[10] Vid.: M. Stavropoulou, “Refugee protection in Europe: time for a major overhaul?” Forced Migration Review, 51 (2016), Pp.7 a 10; C. Costello, op. cit., (2016), p.12-14; D. Breen, “Abuses at Europe’s borders”, Forced Migration Review, 51 (2016), p. 21 a 23; Hernán Del Valle, Rabia Ben Ali y Will Turner, “Search and rescue in the central Mediterranean” Forced Migration Review, 51 (2016), Pp.25 a 26; K. Karagatsos, “A coast-guard officer’s perspective: reinforcing migration through legal channels”. Forced Migration Review, 51 (2016), pp.47 a 48. En este sentido, CRÉPEAU acertadamente afirma que “la soberanía territorial debería entenderse más bien como la capacidad de saber quién cruza las fronteras [y para eso] los migrantes deberían acudir al guardacostas, no al contrabandista” F. Crépeau, “Foreword: Banking on mobility over a generation”, Forced Migration Review, 51 (2016), p. 4

[11] P. Mengozzi. Op. cit., párr. 6

Este es un extracto de mi artículo “Solicitudes de asilo patrocinadas presentadas en embajadas y consulados: un modelo basado en la experiencia española y en el programa canadiense de «private sponsorship»”, publicado en la Revista Electrónica de Estudios Internacionales.

Disponible online en: http://www.reei.org/index.php/revista/num35/articulos/solicitudes-asilo-patrocinadas-presentadas-embajadas-consulados-modelo-basado-experiencia-espanola-programa-canadiense-private-sponsorship

Borja Fernández Burgueño

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