Blog de Borja Fdez. Burgueño

Blog especializado en derecho administrativo, derechos humanos, asilo y protección internacional.

Extraditan a un solicitante de asilo condenado en Argelia a pena de cárcel

Sentencia del TS 2458/2016 de17 de noviembre de 2016 (ROJ: STS 5000/2016)

– Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil

Antecedentes de hecho:

Empresario argelino que alega ser perseguido por pertenecer a un “grupo social que genera empleo y riqueza pero que no hace partícipe de ella a los corruptos gobernantes” y que ha sido condenado en Argelia a pena de cárcel a raíz de dos juicios “arbitrarios e injustos, realizados en [su] ausencia, sin [darle] oportunidad de comparecer, y el primero de ellos, por hechos por los que ya había sido juzgado con anterioridad, resultando absuelto“. Con motivo de dicha pena, Argelia solicita su extradición, pero España la deniega por la falta del requisito de la doble incriminación normativa. El solicitante alega que el hecho de que España haya denegado la extradición equivale a reconocer que la pena de cárcel constituye un acto de persecución.

Fundamentos de Derecho:

La denegación de una extradición no implica necesariamente que la pena impuesta en el país de origen haya de constituir persecución.

La denegación de una extradición no implica por sí sola la proclamación de la existencia de una persecución, (aunque entre ambas figuras pueden de hecho existir contactos, repercusiones probables o interferencias, derivadas sobre todo del hecho de que en ambos casos la resolución final del expediente puede originar la salida de España del interesado, si bien en circunstancias muy diversas en uno y otro caso) porque, a pesar de todo ello, se trata, como es obvio, de figuras jurídicas con perfiles y finalidades distintas. Baste con decir, a estos efectos, que la finalidad del procedimiento de extradición es la entrega o no entrega del interesado al Estado requirente, mientras que el procedimiento de asilo tiene por objeto la concesión de un régimen de protección jurídica o su denegación, con la aplicación, en este último supuesto, de la legislación general de extranjería, y el abandono, en su caso, del territorio nacional (lo que es muy distinto de la entrega propia de la extradición).

Si bien es cierto que una pena desproporcionada o discriminatoria puede ser un acto de persecución, en el caso de los empresarios argelinos no se puede entender que dicho grupo social sufra persecución, luego la naturaleza de la pena no es incardinable en la protección del asilo.

Es cierto que el artículo 6.2.a) de la Ley de Asilo dispone que “los actos de persecución definidos en el apartado primero podrán revestir, entre otros, las siguientes formas (…) c) procesamientos o penas que sean desproporcionados o discriminatorios” , pero tales actos del Estado deben tener su origen en motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación social ( artículo 3, Ley 12/2009 ); el recurrente afirma que él pertenece, en este sentido, al grupo social de los empresarios que no acceden a los requerimientos de altos cargos políticos o funcionariales, deseosos de participar de los beneficios de las empresas; pero ya hemos dicho más arriba que en el expediente no existen ni siquiera indicios de que en Argelia exista una persecución sistemática desencadenada por esos motivos contra los empresarios, ni, en concreto, contra el demandante.

Si se alega la necesidad de conceder una autorización por razones humanitarias a raíz de una enfermedad, hay que poner en evidencia que el país no cuenta con los medios para tratarla.

Pero el argumento no puede ser aceptado, ya que no existe prueba alguna, ni en el expediente ni en el proceso, que acredite la imposibilidad de la Sanidad argelina para tratar la enfermedad que padece el Sr. Juan Carlos; por lo cual podemos concluir que no existen las razones de peligro para su seguridad a que se refiere el artículo 126.3 del Reglamento de la Ley de Extranjería aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, (aquí aplicable), al que pretende acogerse este motivo tercero.

FALLO: no ha lugar

Ver comentario de la sentencia en su contexto:

El comentario a esta sentencia se encuentra en el boletín de jurisprudencia de protección internacional de CEAR, disponible online en: https://www.cear.es/sections-post/servicio-juridico/

portada segundo semestre 2016

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Esta entrada fue publicada en noviembre 15, 2017 por en Derecho de los Refugiados y etiquetada con , .
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