Blog de Borja Fdez. Burgueño

Blog especializado en derecho administrativo, derechos humanos, asilo y protección internacional.

El principio de intervención mínima y el derecho penal del enemigo

El principio de intervención mínima del derecho penal no es una cuestión menor, sino que constituye una garantía de todo estado de derecho frente al poder punitivo del Estado. En este sentido, RIPOLLES señala con gran acierto que “frente a las tendencias expansivas de otros sectores del ordenamiento jurídico, singularmente del derecho administrativo, el derecho penal garantista considera una virtud, además de un signo inequívoco de una sociedad bien integrada, que su área de intervención sea la mínima imprescindible.”[1] A diferencia del derecho administrativo, que puede ampliar su alcance y complejidad a medida que evoluciona la sociedad, el derecho penal no puede estar sometido a un constante crecimiento. Siguiendo esta línea, ALCÓCER POVIS advierte que el “derecho penal debe superar su natural tendencia a la hipertrofia (…) con su adecuación a los cambios sociales”[2]. Ahora bien, el hecho de que el derecho penal no deba aumentar su tamaño y alcance de manera desproporcionada, no significa que no deba adecuarse a la evolución social.

Dicho lo cual, el concepto de “evolución social” no ha de confundirse con el de “presión social”. La presión social puede forzar al legislador a expandir el alcance del derecho penal más allá de sus límites naturales con la pretensión de erradicar ciertos problemas (ej. siniestralidad por accidentes de tráfico) o para luchar contra determinadas personas (ej. terroristas).

Cuando el derecho penal se expande con la pretensión de erradicar un determinado problema social, se pueden llegar a crear falsas esperanzas derivadas “de la generación de expectativas frustradas, de que pronto vuelva a reclamarse más mano dura en este ámbito (más de lo mismo), en una espiral muy conocida a los penalistas”[3]. Tal y como indica CANCIO MELIÁ, en muchos casos los instrumentos políticos y policiales son mucho más efectivos que la respuesta del ordenamiento jurídico-penal[4].

Por otro lado, cuando la expansión responde al reclamo social o voluntad política de penar a determinados delincuentes (ej. pederastas, traficantes, terroristas), se corre el riego de crear un derecho penal de excepción o del enemigo que, de acuerdo con MUÑOZ CONDE, sería un derecho penal “derogador de los principios básicos del Derecho penal liberal clásico, pero sobre todo de los principios básicos del Derecho penal del Estado de Derecho”[5], entre los que se incluyen los principios de proporcionalidad, culpabilidad, igualdad y presunción de inocencia, entre otros[6]. De continuarse en esta línea, ALCÓCER POVIS prevé que la política penal perdería su carácter preventivo para convertirse en una herramienta represiva[7].

Para concluir, considero que el legislador debería reflexionar sobre los límites del derecho penal y acotar de forma abstracta su ámbito de actuación con el fin de poder hacer frente a la corriente doctrinal de expansión del Derecho Penal. Esta labor la puede llevar a cabo ya sea: (i.) limitando de forma clara los bienes jurídicos protegibles en materia penal, (ii.) realizando un verdadero juicio de proporcionalidad a la hora de modificar o introducir un tipo penal o (iii.) modificando el artículo 25.2 CE para introducir de forma expresa los principios de subsidiariedad, fragmentariedad e intervención mínima de la actividad penal.

[1] RIPOLLES José Luis, El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana, publicado en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (RECP) 06-04 (2004). htp/criminet.ugr.es/recpc.

[2] ALCÓCER POVIS, Eduardo, “El derecho penal del enemigo ¿realización de una opción político criminal o de una criminal política de Estado?”, (Instituto de Ciencia Procesal Penal).p. 22

[3] GARCÍA ALBERO, Ramón, “La nueva política criminal de la seguridad vial. Reflexiones a propósito de la LO 15/2007, de 30 de noviembre, y Proyecto de Reforma del Código Penal”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 09-11, 2007. Pág. 11:15

[4] CANCIO MELIÁ, Manuel, “De nuevo: ¿derecho penal del “enemigo?”, en Derecho penal del enemigo, Jakobs/CancioMeliá, Madrid, 2003. P. 41

[5] MUÑOZ CONDE, Francisco. “De nuevo sobre el derecho penal del enemigo”, en Revista Penal, n. 16, 2005. p. 123-124

[6] MUÑOZ CONDE, Francisco. “Comentarios a los Congresos de Trento y Frankfurt sobre el Derecho Penal del enemigo”, en Revista Penal, n. 18, 2006.

[7] ALCÓCER POVIS, Eduardo, “El derecho penal del enemigo ¿realización de una opción político criminal o de una criminal política de Estado?”, (Instituto de Ciencia Procesal Penal).p.4

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Esta entrada fue publicada en marzo 15, 2017 por en Derecho y etiquetada con , , .
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