Blog de Borja Fdez. Burgueño

Blog especializado en derecho administrativo, derechos humanos, asilo y protección internacional.

¿Un refugiado ambiental es un refugiado? ¿Qué régimen jurídico se les aplica?

Lo primero… ¿un refugiado ambiental es un refugiado?

En términos generales no. No obstante, voy a utilizar la expresión “refugiado ambiental” por mera conveniencia, ya que es la nomenclatura más extendida. Dicho lo cual, personalmente preferiría usar la terminología “migrante forzado ambiental” para evitar confusiones.

¿Por qué es importante hablar de los refugiados ambientales?

El crecimiento demográfico, ligado al aumento de ocupación de zonas de riesgo y al cambio climático, ha incrementado la vulnerabilidad frente a catástrofes ecológicas. Esta situación se ve agravada Esta situación deriva en un aumento de desplazamientos masivos de personas dentro y fuera de las fronteras de sus Estados. De hecho, ACNUR calcula que cerca de 1.000 millones de personas de todo del mundo se verán forzadas desplazarse en los próximos 50 años debido a causas medioambientales.

¿Existe una definición universal de refugiado ambiental?

No. Uno de los primeros intentos de definir la figura de “refugiado ambiental”, lo protagonizó EL-HINNAWI[1]. No obstante, como indica STAVROPOULOU, tras treinta años desde que EL-HINNAWI afrontase esta cuestión, aún no existe una definición globalmente aceptada[2]. De hecho, como revela BORRÀS PENTINAT, el desacuerdo no recae solo en su definición, sino también en su nomenclatura[3]. La principal diferencia entre las diferentes terminologías consiste en la consideración de estas personas como inmigrantes (Eco-migrants[4], Ecological Migrants[5] o Environmental Migrants[6]) o como refugiados (Environmental Refugees[7], Climate refugee[8], Refugiados Ambientales[9] o Nuevos Refugiados[10]). DUN, GEMENNE y LÓPEZ RAMÓN afirman que la falta de consenso sobre su contenido conduce a estos individuos a una situación de desamparo legal y abogan por una urgente unificación de su significado[11].

Propongo usar la siguiente definición de “refugiado ambiental” (la formulo en términos de “migrante forzado ambiental”)

Un migrante forzado ambiental es toda persona que se encuentra fuera del país de su nacionalidad, o del país donde antes tuviera su residencia habitual en caso de los apátridas, y se den motivos fundados y objetivos para creer que, por cambios del entorno ambiental en su país de origen, si regresase a aquél su vida sería inviable, inhumana o degradante.

¿Un refugiado ambiental está protegido bajo la Convención Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados?

No, salvo que, a parte de las causas ambientales, concurra al menos uno de los 5 motivos de persecución que establece la Convención.

En el ámbito internacional, la figura del refugiado está gobernado por la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados[12] y por el Protocolo de Nueva York de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados[13]. Aunque el Protocolo de 1967 esté fuertemente ligado a la Convención de 1951, este es un instrumento independiente y, por tanto, no es necesario ser un Estado miembro de la Convención para adherirse al Protocolo[14].

El Artículo 1.A. de la Convención establece la siguiente definición de refugiado:

” 1.A. los efectos de la presente Convención, el término “refugiado” se aplicará a toda persona:

1.A.2. [Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1. de enero de 1951][15] y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. “.

De esta definición se derivan cinco causas para fundamentar una petición de asilo: (1) raza, (2) religión, (3) nacionalidad, (4) pertenencia a determinado grupo social y (5) opinión política. Así mismo, el individuo tiene que estar fuera de su país de origen y no poder regresar por razón de un miedo fundado, basado en algunas de las anteriores cinco causas, de ser perseguido.

Los refugiados ambientales se ven obligados a trasladarse de su tierra natal debido a problemas derivados con el ambiente, no por un fundado temor de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas. Por consiguiente, el concepto de refugiado ambiental no encaja con la definición de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados

¿En qué casos un refugiado ambiental es un refugiado?

Como se ha visto en el apartado anterior, para que un refugiado ambiental sea un refugiado propiamente dicho es necesario que tenga fundados temores de ser perseguido por alguno de los motivos de la Convención. Éste sería el caso, por ejemplo, de una persona que pertenece a una etnia o un poblado determinado y el gobierno contaminara los acuíferos de la zona donde residieran con el fin de acabar con ellos. Si se diera tal situación se podría probar que tiene fundados temores de ser perseguido por motivos de raza o de pertenencia a determinado grupo social. En este caso los conceptos de refugiado ambiental y de refugiado se solapan, pero no se mezclan.

¿El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) quiere incluir a los refugiados ambientales bajo la protección de la Convención de Ginebra?

El ACNUR se opone a incluir a los refugiados ambientales bajo la cobertura de la Convención de Ginebra por temor a trivializar el régimen de refugiados, diluir su protección internacional y provocar que algún Estado Miembro de la Convención la denuncie (declaración unilateral a través de la cual un Estado decide retirar su consentimiento de un tratado internacional).

¿Un refugiado ambiental puede obtener protección internacional en Europa?

En principio no, aunque puede ser autorizado a residir por motivos humanitarios. En la UE existen dos tipos de protección internacional: el asilo y la protección subsidiaria. Ya hemos visto que en términos generales un refugiado ambiental no tiene derecho al asilo. En este apartado analizaremos si encaja en la definición de protección subsidiaria.

El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los siguientes daños graves

a) la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material;

b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante;

c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno.

y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate.

La figura de refugiado ambiental tampoco encaja con la definición de protección subsidiaria, salvo una interpretación extensiva del significado de “tortura o las penas o tratos inhumanos o degradantes de un solicitante en su país de origen” que por ahora ningún tribunal europeo se ha aventurado a aplicar.

¿Los refugiados ambientales están protegidos por el Convenio Europeo de los Derechos Humanos?

El Convenio Europeo de los Derechos Humanos (CEDDHH) se aplica a cualquier persona, incluidos los refugiados ambientales, que esté en el territorio de alguno de los Estados Miembros. Ahora bien, a la vista de la evolución doctrinal del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDDHH) no queda claro hasta qué punto les protege de ser devueltos a su país de origen.

El principio de Derecho Internacional de non-refoulement impide la reconducción sumaria a la frontera si tal expulsión pudiera suponer una clara puesta en peligro de sus Derechos Humanos[16]. Este principio ha ido tomando peso en la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo[17], hasta llegar a constituir el límite ulterior del alcance jurisdiccional de protección de los derechos recogidos en el CEDDHH[18]. La jurisprudencia de non-refoulement relativa al artículo 3 CEDDHH está claramente consolidada[19]. Sin embargo, nada impide que este principio se aplique en relación con otros artículos[20].

Algunos  casos clave para entender el alcance extraterritorial del CEDDHH:

En el caso Soering v UK[21] (1989) el TEDDHH dictó que el Reino Unido no podía extraditar a Soering a los Estados Unidos porque allí hubiese sido expuesto al “death-row phenomenon” (estrés producido por la espera en el corredor de la muerte a ser ejecutado), lo que hubiera derivado en una clara violación al artículo 3 del CEDH[22]. En el caso Chahal v UK[23] (1996) el TEDDHH llegó a la misma conclusión, aunque por causas diferentes. Había evidencias sustanciales para afirmar que Chahal podría ser víctima de abusos por la policía india[24]. Tanto Soering como Chahal se consideran la piedra angular de la aplicación del principio de non-refoulement en el CEDDHH.

D v UK[25] (1997) y N v UK[26] (2008) son dos casos de gran relevancia en lo que nos concierne ya que, a diferencia de Soering v UK y Chahal v UK, el problema no recayó en actividades concretas que podían haber sido llevadas a cabo por las autoridades de los respectivos países, sino de la situación de los servicios sanitarios en sus Estados de origen[27]. Ambos casos tratan sobre individuos con SIDA que temían que, si regresaban a su tierra natal, iban a estar condenados a morir en unas condiciones inhumanas por la falta de recursos médicos accesibles en sus países, San Cristóbal y Nieves y Uganda[28]. El TEDDHH impidió que se expatriase a D, ya que ello hubiera supuesto una violación al artículo 3 del CEDDHH[29]. Sin embargo, negó la petición de N, argumentando que el tratamiento de SIDA en Uganda era equivalente al de los otros países de su entorno[30].

Asimismo, cabe destacar el caso F. v UK (2004) en el que el TEDDHH rechazó la admisión del recurso bajo el artículo 8 del CEDDHH (derecho a la vida priva y familiar) porque «no se puede requerir a un Estado miembro que solo devuelva un sujeto a un país en donde se dé una aplicación efectiva de todos los derechos y libertades establecidas en la Carta». En dicho caso el TEDDHH entendió que las leyes iraníes que criminalizaban la homosexualidad no podrían activar el mecanismo de protección extraterritorial del derecho a la vida privada y familiar, si bien lo había reconocido en sentencia anteriores similares (ver Dudgeon v UK 1981)[31].

A la luz de N v UK y F v Uk, podemos observar el Tribunal de Estrasburgo está aplicando una interpretación restringida del principio de non-refoulment y actualmente no tenemos casos suficientes para poder determinar qué nivel de severidad requerirá el TEDDHH para impedir la extradición de un refugiado puramente ambiental.

Como ya hemos destacado, el principio de non-refoulement no se limita solo al artículo 3 CEDH, sino que puede ser invocado para proteger otros derechos.El artículo 8 del CEDH establece que “toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia”. ACNUR destaca que “la importancia de esta disposición radica en el hecho de que el Tribunal ha interpretado el artículo 8 de una manera tal que permite la protección contra la expulsión y permite la reunificación de los miembros de la familia de no nacionales que se encuentran permanentemente establecidos en un Estado parte del Convenio Europeo”[31].  A pesar de que esta interpretación, que permite en muchas casos la reunificación familiar, ya constituya de por sí un triunfo para los inmigrantes en general[32] y los refugiados ambientales en particular, me atrevo a ir un paso más allá.

Tras los casos de Hatton and others v UK[33] (1990), López Ostra v España[34] (1995), Guerra and others v Italia[35] (1998), Kyratos v Grecia[36] (2005) y Taskin v Turquía[37] (2006) el TEDH ha confirmado que el derecho a la vida privada y familiar también incluye el derecho a vivir en un medio ambiente saludable[38]. Por tanto, considero que este artículo podría constituir una fuerte base legal para detener una expulsión de un refugiado ambiental del territorio de un Estado miembro de la CEDDHH.

Quedamos a la espera de que el TEDDHH se enfrente ante el dilema de los refugiados ambientales. Hasta entonces, sólo podemos especular.

Conclusión

El drama de los refugiados ambientales pronto va a superar en términos numéricos, si es que no lo ha hecho ya, al de los refugiados. La comunidad internacional se tiene que enfrentar a este problema y ofrecer una solución efectiva. Posiblemente la Cumbre del Clima (COP 21) que se celebrará en la capital francesa del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015 sea una buena plataforma para que los Estados se decidan de una vez a resolver este problema ya que si no se afronta desde el principio más tarde los Estados se verán desbordados por su magnitud.

refugiado ambiental

Notas a pie de página

[1] EL-HINNAWI, E. (1985): ‘Environmental Refugees’, United Nation Environmental Programme, Nairobi, p. i. EL-HINNAWI define refugiados ambientales como: “aquellos individuos que se han visto forzados a dejar su hábitat tradicional, de forma temporal o permanente, debido a un marcado trastorno ambiental, ya sea a causa de peligros naturales y/o provocado por la actividad humana, como accidentes industriales o que han provocado su desplazamiento permanente por grandes proyectos económicos de desarrollo, o que se han visto obligados a emigrar por el mal procesamiento y depósito de residuos tóxicos, poniendo en peligro su existencia y/o afectando seriamente su calidad de vida” en BORRÀS PENTINAT, Susana (2006): ‘Refugiados Ambientales: el Nuevo Desafío del Derecho Internacional del Medio Ambiente’ Rev. derecho Valdivia, 85 – 108.

[2] STAVROPOULOU, Maria (2008): Drowned in definitions? Force Migration Review FMR31, 10-11

[3] BORRÁS PENTINAT, Susana (2008): ‘Aproximación al concepto de refugiado ambiental: origen y regulación jurídica internacional’. De III Seminario sobre los agentes de la cooperación al desarrollo: refugiados ambientales, refugiados invisibles. Universidad de Cádiz

[4] Así LATATIA, Shorena (2011): ‘Georgian law leaves eco-migrants without protection’ http://humanrightshouse.org/Articles/16278.html accedido 14 de enero 2015

[5] Así X.F. Maoa, X.Y. Weib, J.X. Xia (2012): ‘Evaluation of ecological migrants’ adaptation to their new living area in Three-River Headwater wetlands, China’ Procedia Environmental Sciences Volume 13, 2012, Pages 1346–1353

[6] Así UN, Olivia y GEMENNE, François (2008): ‘Defining ‘environmental migration’ Climate Change and Displacement’ Force Migration Review FMR31, 10-13; STAVROPOULOU, Maria (2008): Drowned in definitions? Force Migration Review FMR31, 11-12

[7] Así CONISBEE, Molly y SIMMS, Andrew (2003): ‘Environmental Refugee – The Case for Recognition’ New Economics Foundation, Londres, 1-44; BLACK, Richard: ‘Environmental refugees:

myth or reality?- new issues in refugee research’ ISSN 1020-7473 UNHCR Working Paper No. 34 University of Sussex Falmer, Brighton, 1-19

[8] ‘Climate refugees’? Addressing the international legal gaps – Benjamin Glahn

[9] Así BORRÀS PENTINAT, Susana (2006): ‘Refugiados Ambientales: el Nuevo Desafío del Derecho Internacional del Medio Ambiente’ Rev. derecho Valdivia, 85 – 108; BORRÁS PENTINAT, Susana (2008): ‘Aproximación al concepto de refugiado ambiental: origen y regulación jurídica internacional’. De III Seminario sobre los agentes de la cooperación al desarrollo: refugiados ambientales, refugiados invisibles. Universidad de Cádiz.

[10] ESPÓSITO, Carlos y TORRES CAMPRUBÍ, Alejandra (2011): ‘Cambio climático y Derechos Humanos: el desafío de los “nuevos refugiados” ‘GERI-UAM Relaciones Internacionales, núm. 17, Madrid, 63-86

[11] DUN, Olivia y GEMENNE, François (2008): ‘Defining ‘environmental migration’ Climate Change and Displacement’ Force Migration Review FMR31, 11-13

[12] CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS Adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas (Naciones

Unidas), convocada por la Asamblea General en su resolución 429 (V), del 14 de diciembre de 1950

[13] PROTOCOLO SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS, de 31 de enero de 1967. Entró en vigor el 4 de octubre de 1967, una vez que se depositó el sexto instrumento de ratificación (art. 8). España se adhirió el conjuntamente a la Convención y al Protocolo (BOE, nº 252, de 21 de octubre de 1978).

[14] Número total de Estados Partes de la Convención de 1951: 145; Número total de Estados Partes del Protocolo de 1967: 146; Estados Partes de la Convención y el Protocolo: 143; y Estados Partes de uno o ambos instrumentos: 148; Estados Partes de la Convención de 1951 solamente: Madagascar y Saint Kitts and Nevis

Estados Parte del Protocolo de 1967 solamente: Cabo Verde, Estados Unidos de América y Venezuela. Fuente: ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (30 de junio de 2011): ‘Estados Partes de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de 1967’ http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0506 accedido el 15 de enero de 2015

[15] El Protocolo de 1967 elimina tanto el límite cronológico ” acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 1951″ art 1.A.2 como la limitación geográfica “Europa” art 1.B.1.a. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados

[16] Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo: Non-refoulement (No devolución) http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/157 accedido el 15 de enero de 2015

[17] Ver Soering v UK (1989), Chahal v UK (1996), D vs UK (1997), N vs UK (2008) y Othman v UK (2013)

[18] WHITE, Robin C.A y OVEY, Claire (2010): ‘The European Convention on Human Rights’.  Oxford press fifth edition, Oxford, 167

[19] SANDERSON, Michael (2013): ‘Refugees in international law’ University of Exeter course notes. Available on MyExeter during term 2013-2014, Exeter, 17

[20] Por ejemplo, en 2013 el TEDH evitó la reconducción sumaria de Othman por temor a que su derecho a un juicio justo (artículo 6 CEDH) fuera violado

[21] Soering v UK, (App. 14038/88) 7 julio 1989 series A No 161, (1989) 11EHRR 413

[22] WHITE, Robin C.A y OVEY, Claire (2010): ‘The European Convention on Human Rights’.  Oxford press fifth edition, Oxford, 179

[23] Chahal v UK, (App. 22414/93), 15 noviembre 1996, (1997) 23 EHRR 413, ECHR 1996-V

[24] WHITE, Robin C.A y OVEY, Claire (2010): ‘The European Convention on Human Rights’.  Oxford press fifth edition, Oxford, 167-168

[25] D. v. THE UNITED KINGDOM – 30240/96 – Chamber Judgment [1997] ECHR 25 (02 May 1997)

[26] N. v. THE UNITED KINGDOM – 26565/05 [2008] ECHR 453 (27 May 2008)

[27] SANDERSON, Michael (2013): ‘Refugees in international law’ University of Exeter course notes. Available on MyExeter during term 2013-2014, Exeter, 17

[28] WHITE, Robin C.A y OVEY, Claire (2010): ‘The European Convention on Human Rights’.  Oxford press fifth edition, Oxford, 180-181

[29] ibid. 180

[30] ibid. 76 y 181

[31] DÍAZ LAFUENTE, José. El derecho de asilo por motivos de orientación sexual e identidad de género = The right to asylum on the grounds of sexual orientation and gender identity. Revista de Derecho Político, [S.l.], n. 89, ene. 2014. ISSN 2174-5625.

[31] ACNUR(2003): ‘El Artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDR) ‘ Hoja Informativa del ACNUR, Traducido por la Unidad Legal Regional, San José, Costa Rica, 1

[32] WHITE, Robin C.A y OVEY, Claire (2010): ‘The European Convention on Human Rights’.  Oxford press fifth edition, Oxford, 389

[33] Hatton and others v UK(App. 36022/97), 8 Julio 2003 [GC], (2003) 37 EHRR, ECHR 2003-VIII

[34] López Ostra v España, (App. 16798/90), 9 diciembre 1994, Series A No 303-C, (1995) 20EHRR 277

[35] Guerra and others v Italia, (App. 14967/89), 19 febrero 1998, (1998) 26 EHRR, 357, ECHR 1998

[36] Kyratos v Grecia, (App. 41666/98), 22 mayo 2003, (2005) 40 EHRR

[37] Taskin v Turquía, (App. 46117/99), 10 Noviembre 2004, (2006) 42 EHRR 1127, ECHR 2004-X

[38] WHITE, Robin C.A y OVEY, Claire (2010): ‘The European Convention on Human Rights’.  Oxford press fifth edition, Oxford, 394-397
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Esta entrada fue publicada el noviembre 5, 2015 por en Derecho de los Refugiados, Derecho Internacional, Derechos Humanos.
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