Blog de Borja Fdez. Burgueño

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Comentario de la sentencia del caso Filesa (STS 1/1997)

Abstract:

Este artículo analiza la STS 1/1997 sobre el caso Filesa, concluyendo que esta erra en sus fundamentos de Derecho al considerar una falsedad ideológica cometida por un particular como una conducta punible bajo los términos del artículo 303 del Código del 73  (correspondiente al 392 del código 1995). Por consiguiente, debería haber quedado impune la falsedad ideológica objeto de esta sentencia, ya que el Código de 1995 no considera como conducta punible la falsedad en la narración de los hechos cometida por un particular.

Key words: Filesa, Argentia Trust, falsedad ideological, falsedad material, simulación

Introducción

Para determinar si el Tribunal Supremo tuvo o no razón al condenar a los imputados por delitos de falsedad en el caso Filesa, sentencia de gran importancia tanto social como jurídico-doctrinal, se tendrá que estudiar la naturaleza de las conductas imputadas y su tipificación en ambos códigos del 73 y del 95. Antes de comenzar el estudio de la cuestión doctrinal de la naturaleza de las figuras jurídicas de falsedad de simulación de documento y de falsedad ideológica faltando a la verdad en la narración de los hechos, no es ocioso discutir ciertas consideraciones previas que se tomarán como fundamento para el posterior análisis.

Consideraciones previas

En esta sección se estudiará el concepto de financiación irregular, la legislación aplicable al caso Filesa, la despenalización del delito de falsedad ideológica faltando a la verdad en la narración de los hechos cometida por un particular y la no retroactividad de la pena de falsedad de simulación de documento.

a) Financiación Irregular

El fundamento de derecho primero de la STS 1/1997 de 28 de octubre (caso Filesa), nos recuerda que la financiación irregular de Partidos Políticos no constituye de por sí delito alguno. Por tanto, habrá que buscar infracciones concretas y tipificadas como delito o falta con motivo de dicha irregularidad.

b) Legislación aplicable

La disposición final séptima del Código Penal del 95 reza que este se aplicará a todos los hechos punibles que se cometan a partir de su vigencia. Por consiguiente, y de acuerdo con el principio tempus regit actum, se tendrá en cuenta la ley aplicable a aquellos hechos que se realicen desde su vigencia, esto es el Antiguo Código Penal del 73, sin perjuicio de la posible aplicación del nuevo Código del 95 bajo el principio de retroactividad favorable[1].

c) Despenalización del delito de falsedad ideológica faltando a la verdad en la narración de los hechos cometida por un particular

El Código Penal del 95 despenaliza el anterior delito de falsedad ideológica “faltando a la verdad de los hechos” cometido por un particular[2]. Por consiguiente, no se podría punir tal figura jurídica.

No obstante, el delito de falsedad de “simulación de un documento de manera que induzca a error sobre su identidad” aparece en ambos códigos[3]. Por consiguiente, habría que analizar cuál de las dos figuras análogas conlleva la menor pena, ya que se aplicaría la más favorable.

En conclusión, si el comportamiento se corresponde con el de falsedad ideológica faltando a la verdad de los hechos este no será punible; por el contrario, si se trata de falsedad de simulación de documento el comportamiento sí será punible.

c) Comparación de penas

El Código Penal de 1995 solo se aplicará si la pena resultare más beneficiosa para el acusado. Por tanto, han de valorarse las penas de ambos artículos 303 del Código del 97  y 392 del código del 73.

Código del 95: “prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses

Código del 73: “prisión menor [de 6 meses y un día a 6 años de prisión] y multa de 100.000 a 1.000.000 de pesetas [de 601 a 6.010 €]”

Si se comparan las penas en abstracto, el Código del 95 resulta más favorable tanto en la extensión de la pena privativa de libertad como en la cuantía de la multa.

Naturaleza de la conducta

Partiendo de las consideraciones anteriores, el grueso de la cuestión radica pues en la determinación de la conducta como falsedad ideológica faltando a la narración de los hechos, que quedaría impune con la entrada en vigor del Código de 1995, o como falsedad de simulación de documento, que sí que sería punible.

a) Caso Filesa y Caso Argentia Trust

La sala 2º del Tribunal Supremo en el caso Filesa consideró que la falsedad del contenido de un documento mercantil realizada por un particular podía ser tratada como una simulación total del mismo, y no como una mera falsedad ideológica faltando a la verdad de la narración de los hechos, rechazando así la impunibilidad de la conducta objeto de este caso[4]. Ahora bien, esta interpretación del delito de falsedad habría que compararla con la del caso Argentia Trust[5], en la que, por el contrario, se entendió que la factura de «Argentia Trust» a los trabajos supuestamente realizados para la sociedad instrumental sería solamente una falta de veracidad en la narración de los hechos, es decir, una falsedad ideológica no punible a partir de la entrada en vigor del Código Penal de 1995. Esta diferencia de interpretación dio pie a un prolífero debate doctrinal que será analizado en la siguiente sección.

b) Debate doctrinal y consolidación de la doctrina de “interpretación mixta”

Gómez-Benítez explica que la sentencia del caso Filesa cambió la tradición jurisprudencial sobre la simulación documental, que trataba, hasta aquel entonces, únicamente de falsedades que afectaban al soporte del documento (“falsedad material”) y no a su contenido (“falsedad ideológica”).[6] Gómez-Benítez denomina “interpretación mixta” a aquella que abarca ambos criterios de falsedad material e ideológica[7], terminología que se utilizará en este artículo[8]. Esta “interpretación mixta” supone, según Ortega Lorente, es una “interpretación expansiva” del ámbito de punición del delito de falsedad de simulación de documento.[9] No obstante, esta última doctrina es la que, como destaca Gómez-Benítez,[10] gobierna la jurisprudencia mayoritaria de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.[11] Sin embargo, Echano Basaldúa destaca que, a pesar de la existencia de la anterior corriente mayoritaria, la Sala Segunda del Tribunal Supremo no ha sido uniforme en la aplicación de su criterio y subraya que una y otra posición han sido mantenidas en otras sentencias posteriores de la misma Sala.[12]

En la Sentencia del Tribunal Supremo 6551/2013 el ponente Gimenez Garcia escribe que este debate “es una polémica ya superada (…) [porque el Tribunal Supremo] en el Pleno no Jurisdiccional de 26 de Febrero de 1999 se pronunció en favor de la tesis sostenida en el caso Filesa, es decir en favor de la incriminación de la falsedad ideológica consistente en la creación íntegra de un documento mercantil que recogió una operación o situación totalmente inexistente”.[13] Esta afirmación se contrapone a la opinión de Echano Basaldúa, quien sostiene que no se llegó a ningún acuerdo, ya que la ponencia presentada por el magistrado Bacigalupo Zapater (a favor de la impunidad de las falsedades ideológicas por particulares) fue rechazada y, por tanto, no se debe llegar a la precipitada conclusión de extrapolar un acuerdo a contrario en favor de la interpretación mixta como directa consecuencia de dicho pleno[14]. No obstante, dado el gran número de referencias en sentencias del Tribunal Supremo[15] sobre el pronunciamiento del Pleno no Jurisdiccional de 26 de Febrero de 1999 a favor de incriminar como falsedad ideológica la creación de documentos falsos en su contenido bajo el delito de simulación de documento (aunque no concurrieran falsedades materiales en el documento emitido), no parece desproporcionado concluir que sí que se podría extraer un cierto, aunque no unánime, acuerdo a favor de la doctrina de “interpretación mixta” tras el rechazo de la ponencia presentada por el magistrado Bacigalupo Zapater.

Dejando a un lado el alcance del acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de 26 de Febrero de 1999, la mayoría de los autores coinciden en que la “interpretación mixta” ha ido ganando peso gradualmente a través del gran número de sentencias del Supremo que hacen referencia a ella, “hasta llegar en la actualidad a presentar un cuerpo de doctrina sobre la punición de las falsedades ideológicas de particular”[16]. Esta evolución se puede apreciar a través de tres sentencias del Supremo. En 2001 el ponente Moner Muñoz sostiene que “la jurisprudencia camina aunque de forma todavía no decidida”[17], en 2008 el ponente Soriano Soriano afirma que “[la doctrina está] en buena medida consolidada”[18] y, finalmente, en 2013 Gimenez Garcia no duda en escribir que “se está ante una polémica ya superada”[19]. Así mismo, Jareño Leal también afirma que la doctrina está consolidada, pero utiliza las sentencias del Tribunal Constitucional[20] correspondientes a los recursos interpuestos en la sentencia del caso Filesa[21] como punto de referencia, afirmando que, desde aquel momento, el tribunal Supremo consideró “ratificada su doctrina”.[22]

  1. Conclusión

A pesar de que, como acabamos de ver en el apartado anterior, la interpretación mayoritaria se dispone a favor de la punibilidad del delito de falsedad ideológica de particular bajo los términos del delito de falsedad de simulación de documento -artículo 392 en relación con el 390.1.2º del Código Penal del 95 y que se corresponde al artículo 303 en relación con el 302.9 del Código de 1973-, concluyo contra la opinión consolidada.

Estimo que una reorientación de la interpretación del delito de falsedad ideológica tendría mayor consistencia con el Código Penal Español. De esta manera, me sumo pues a la opinión de Granados Pérez que defiende la despenalización de la falsedad ideológica cometida por un particular dando los siguientes argumentos:

“1.º La declaración mendaz sobre la causa de un contrato no induce a error sobre su autenticidad.

2.º Si los particulares no están obligados a decir la verdad ante los funcionarios, ¿por qué han de estarlo ante otro particular?

3.º Si el hecho no constituye falsedad, ello no quiere decir que quede impune, porque puede ser sancionado por otros delitos del Código cuya conducta es una falsedad ideológica.

4.º El art. 251.3.º que tipifica el otorgamiento de un contrato simulado, desplaza la aplicación de las falsedades en estos supuestos por juego del principio de especialidad.

5.º Una interpretación literal del art. 390.1.2.º lleva a deducir, teniendo a la vista el art. 26 CP, que supone incluir en el mismo solo la falsedad material.”[23]

Suscribo los anteriores cinco argumentos en su totalidad. Por consiguiente, estimo que la STS 1/1997 erra en su fundamento de derecho al considerar una falsedad ideológica cometida por un particular como una conducta punible bajo los términos del artículo 303 del Código del 73  (correspondiente al 392 del código 1995). Por lo tanto, bajo mi opinión, debería haber quedado impune la falsedad objeto de la sentencia ya que el Código del 95 no considera como conducta punible la falsedad en la narración de los hechos cometida por un particular.

Notas a pie de página y referencias

  1. Artículos

Echano Basaldúa JI, ‘La falsedad en documentos sociales del art. 290 CP: ¿delito de falsedad documental?’

Gómez-Benítez JM, ‘Impunidad de la falsificación de las cuentas anuales realizada por el director financiero (STS 211/2014, de 18 de marzo)’ [2014] Análisis GA&P 1

Granados Pérez C, “Acuerdos del Pleno de la Sala Penal del T. S. para unificación de jurisprudencia”. Años 1991-2000. Valencia: Tirant lo Blanch, 2000. citado en JI Echano Basaldúa, ‘La falsedad en documentos sociales del art. 290 CP: ¿delito de falsedad documental?’ [2010] R.V.A.P. 389-430,

Jareño Leal A “Las falsedades ideológicas después del Código penal de 1995: Análisis de la jurisprudencia”, en J. BOIX REIG (dir.), Estafas y falsedades (Análisis jurisprudencial). Madrid: Iustel, 2005, pp. 235-266  citado en JI Echano Basaldúa, ‘La falsedad en documentos sociales del art. 290 CP: ¿delito de falsedad documental?’ [2010] R.V.A.P. 389-430, 414

Ortega Llorente JM, ‘Las falsedades ideológicas cometidas por particulares a través de negocios jurídicos simulados. Un análisis crítico de la jurisprudencia del Tribunal Supremo’ [2005] J. BOIX REIG Estafas y falsedades. Análisis jurisprudencial 201, 234

  1. Sentencias referidas

STS 1/1997, de 10-28

STS 224/1998, de 2-26

STS 817/1999, de 14-12

STS 1282/2000, de 25-9

STS 1649/2000, de 28-10

STC 123/2001, de 4-6

STC 125/2001, de 4-6

STC 126/2001, de 4-6

STC 127/2001, de 4-6

STS 2522/2001, de 2-7

STS 1937/2001, de 26-10

STC 1954/2002 de 29 -1

STS 704/2002, de 22-4

STS 514/2002, de 29-5

STS 1302/2002, de 11-7

STS 1536/2002, de 26-9

STS 325/2004, de 11-3

STS 692/2008 de 4-11

STS 280/2013, de 2-4

STS 6551/2013, de 12-17

STS 211/2014, de 18-3.

[1] Fundamentos de Derecho Primero. STS 1/1997 de 28 de octubre

[2] Artículo 392 en relación con el 390 del Código penal de 1995

[3] 303 en relación con el 302.9 del Código de 1973 que se corresponde con el artículo 392 en relación con el 390.1.2º del Código de 1995

[4] STS 1/1997 de 28 de octubre, p. De Vega Ruiz (Caso Filesa)

[5] STS 224/1998, de 26 de febrero, p. Jiménez Villarejo. (Caso Argentia Trust)

[6] JM Gómez-Benítez, ‘Impunidad de la falsificación de las cuentas anuales realizada por el director financiero (STS 211/2014, de 18 de marzo)’ [2014] Análisis GA&P 1, 1

[7] ibid

[8] Otros autores se refieren a ella con otras nomenclaturas. Por ejemplo, Echano Basaldúa utiliza la terminología “interpretación alternativa” (ver: JI Echano Basaldúa, ‘La falsedad en documentos sociales del art. 290 CP: ¿delito de falsedad documental?’ [2010] R.V.A.P. núm. 87-88 389-430, 413)

[9] JM Ortega Llorente, ‘Las falsedades ideológicas cometidas por particulares a través de negocios jurídicos simulados. Un análisis crítico de la jurisprudencia del Tribunal Supremo’ [2005] J. BOIX REIG Estafas y falsedades. Análisis jurisprudencial 201, 234

[10] JM Gómez-Benítez, ‘Impunidad de la falsificación de las cuentas anuales realizada por el director financiero (STS 211/2014, de 18 de marzo)’ [2014] Análisis GA&P 1, 1

[11] Ej: SSTS 817/1999 de 14 de Diciembre; 1282/2000 de 25 de Septiembre ; 1649/2000 de 28 de Octubre; 1954/2002 de 29 de Enero de 2003; ó STS 6551/2013 a 17 de diciembre 2013

[12] JI Echano Basaldúa, ‘La falsedad en documentos sociales del art. 290 CP: ¿delito de falsedad documental?’ [2010] R.V.A.P. núm. 87-88 389-430

[13] Fundamento de Derecho Duodécimo STS 6551/2013 a 17 de diciembre 2013

[14] JI Echano Basaldúa, ‘La falsedad en documentos sociales del art. 290 CP: ¿delito de falsedad documental?’ [2010] R.V.A.P. núm. 87-88 389-430, 413

[15] Ver ejemplos en: SSTS 817/1999, de 14-12; 1282/2000, de 25-9; 1649/2000, de 28-10; 1937/2001, de 26-10; 704/2002, de 22-4; 514/2002, de 29-5; 1302/2002, de 11-7; 1536/2002, de 26-9; 325/2004, de 11-3; 280/2013 de 2-4

[16] JI Echano Basaldúa, ‘La falsedad en documentos sociales del art. 290 CP: ¿delito de falsedad documental?’ [2010] R.V.A.P. núm. 87-88 389-430, 414

[17] STS 2522/2001

[18] STS 692/2008

[19] STS 6551/2013

[20] SSTC 123, 125, 126 y 127/2001, de 4 de junio

[21] STS 1/1997 de 28 de octubre

[22] A Jareño Leal “Las falsedades ideológicas después del Código penal de 1995: Análisis de la jurisprudencia”, en J. BOIX REIG (dir.), Estafas y falsedades (Análisis jurisprudencial). Madrid: Iustel, 2005, pp. 235-266  citado en JI Echano Basaldúa, ‘La falsedad en documentos sociales del art. 290 CP: ¿delito de falsedad documental?’ [2010] R.V.A.P. 389-430, 414

[23] C Granados Pérez, “Acuerdos del Pleno de la Sala Penal del T. S. para unificación de jurisprudencia”. Años 1991-2000. Valencia: Tirant lo Blanch, 2000. citado en JI Echano Basaldúa, ‘La falsedad en documentos sociales del art. 290 CP: ¿delito de falsedad documental?’ [2010] R.V.A.P. 389-430, 414

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Esta entrada fue publicada el mayo 21, 2015 por en Derecho.
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