Blog de Borja Fdez. Burgueño

Blog especializado en derecho administrativo, derechos humanos, asilo y protección internacional.

Comentario del Caso Nicaragua contra los EEUU

El nueve de abril de 1984, Nicaragua presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra los EEUU. Dicho país centroamericano, alegaba que Estados Unidos había financiado y apoyado al movimiento terrorista “la contra”, que era un grupo de oposición armado. La contra, en su lucha contra el gobierno revolucionario del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), había causado numerosos daños tanto materiales como humanos. Entre sus actuaciones,  se encuentran asesinatos a civiles, torturas, ejecución de prisioneros, secuestros y violaciones. Además, Nicaragua afirmaba que Estados Unidos había participado en la colocación de minas en puertos, ataques contra instalaciones petrolíferas, contra una base naval y contra estructuras de explotación de materias primas. En total se estimó que los daños causados por los contras alcanzaban la cuantía de diecisiete millones de dólares y que habían supuesto la pérdida de más de treinta y ocho mil vidas humanas en este conflicto armado del que los Estados Unidos de América habían tomado posición.

Nicaragua esgrimía que EEUU había violado la siguiente enumeración de normas –las he extraído de un texto sobre el “Papel de la Corte” de Manuel Becerra-: la costumbre jurídica Internacional, las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (artículo 2 número 4) y de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (Carta de la OEA), los principios de derecho internacional que prohíben recurrir a las amenazas o al empleo de la fuerza en las relaciones; el principio de no agresión; la soberanía de los Estados; el derecho de acceso de naves  extranjeras a las aguas territoriales de Nicaragua; los principios de derecho humanitario; la convención de ginebra de 1949; el derecho consuetudinarios a escoger el sistema político;  y el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación.

Estados Unidos sostuvo que la Corte no podía pronunciarse en este caso porque carecía de competencia para ello ya que la demanda se fundamentaba en acuerdos y tratados Internacionales multilaterales. Conforme a la Reserva Vandenberg, la Corte no tenía competencia de actuación basándose en un tratado multilateral, a menos que todas las partes a las que afecte la decisión sean también partes en el asunto sometido a la Corte. Esto tiene como consecuencia que para aplicar el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas (*) o las disposiciones de la Carta de la OEA sobre el uso de la fuerza, tendrían que estar implicados también el resto de los países firmantes de dichos tratados multilateral y este no es el caso. Por tanto, según los Estados Unidos, la Corte de Justicia, de acuerdo con esta reserva Internacional, no tiene competencia para conocer este asunto.

La Corte, ante las declaraciones de Estados Unidos, afirmó que tenía competencia sobre este asunto en la sentencia del 26 de noviembre de 1984 y, en la posterior sentencia del 27 de junio de 1986 sobre el fondo, sostuvo que la amenaza y el uso de la fuerza contra un tercer país está recogido en normas de carácter consuetudinario. Por tanto, la Corte puede pronunciarse ya que se apoyaría en el derecho internacional consuetudinario y no en los tratados multilaterales.

La Corte Internacional de Justicia se abstuvo de aplicar normas concretas de tratados multilaterales, sin perjuicio de demás acuerdos y normas consuetudinarias. Y será a partir de estas últimas sobre las que la Corte expondrá su argumentación. Estados Unidos afirmaba que la demanda de Nicaragua sólo estaba respaldada por la Carta de las Naciones Unidas y que, por tanto, no podía otro derecho internacional general o consuetudinario servir de apoyo para la demanda interpuesta por Nicaragua ante los EEUU. Sostenían que “las disposiciones  de la Carta de las Naciones Unidas de interés en este caso recapitulan y se superponen a los principio de derecho internacional general y consuetudinario referentes a esta materia”. Y, como no se podía aplicar dicho tratado por tener carácter multilateral, impedía que se cumpliesen las pretensiones de Nicaragua.

La Corte, a modo de respuesta contra la opinión de los Estados Unidos, afirmó que aunque los principios estén incorporados en un tratado internacional multilateral eso no significa que dejen de existir y, por tanto, han de cumplirse. A pesar de que tengan un contenido igual o análogo a las disposiciones de los tratados multilaterales, que en esta caso son inaplicables.

(*) Artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas: Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.

Así mismo, la Corte no considera que las normas consuetudinarias que se aplicarán tengan un contenido exacto y, en el caso de que si lo tuvieran, eso no impediría que se aplicasen. De esta forma, en contra de la opinión de los Estados Unidos de América, aunque se negase la aplicación de una norma que estuviese recogida en un acuerdo multilateral, se podría aplicar una norma de derecho internacional consuetudinario análoga. La razón es que cada norma, tato de derecho internacional consuetudinario como del general, conserva su naturaleza y su existencia por separado y, como consecuencia, su aplicación también se hará por separado.

Estados Unidos, además, mantenía que como en los tratados multilaterales las partes habían aceptado de un modo expreso sus derechos y obligaciones y como aún el acuerdo se mantenía en pie, las partes seguían estando regidas por esas disposiciones. Por consiguiente, si la Corte no puede identificar válidamente los derechos y obligaciones convencionales de acuerdo con el derecho internacional general, pues no puede pronunciarse sin tener en cuenta estos tratados que vinculan a las Partes. De tal forma que si las normas  del derecho consuetudinario que se van a aplicar difieren en su contenido de las Cartas de las Naciones Unidas,  no serían susceptibles de aplicación. En este caso, el contenido no difiere, EEUU incluso afirmó que el contenido era exactamente el mismo, de modo que se puede recurrir al derecho consuetudinario.

Llegados a este punto, hay que analizar si, de verdad, existe en ambos países estas normas consuetudinarias; porque si no, no serían de obligado cumplimiento. Para determinar cuáles son las normas consuetudinarias que se van a aplicar hay que fijarse en dos elementos: la repetición –el uso- y el opinio iuris. Analizando estos elementos, Antonio Truyol en su libro Fundamentos de Derecho Internacional público, afirma que “para que la costumbre jurídica surja, es preciso que a la repetición se añada la convicción de que el comportamiento en cuestión es obligatorio, y que, por tanto, no depende del árbitro de cada momento de la comunidad particular; este segundo elemento, espiritual e interno, es la opinio iuris vel necessitatis

Ambas partes, según percibe la Corte, están de acuerdo sobre el derecho internacional consuetudinario acerca de la prohibición del uso de la fuerza y de la no injerencia e intervención. Pero, a diferencia de un tratado internacional en el que el consentimiento convierte la disposición en norma de obligado cumplimiento, la Corte tiene que investigar si existe en el uso y en la práctica de los Estados una norma de opinio iuris de los mismos. El no respeto puntual de la prohibición del uso de la fuerza no significa que se elimine este principio consuetudinario ni que se cree una norma nueva. Es más, si al incumplir la norma el Estado se justifica o invoca excepciones no haría otra cosa sino reafirmar la vigencia y el opinio iuris de esa norma.

Estados Unidos sostiene que las normas consuetudinarias y las recogidas en la Carta de las Naciones Unidas relativas al uso de la fuerza no sólo coinciden en contenidos, sino existe una identidad real. Por consiguiente, si no se puede diferenciar el derecho consuetudinario del derecho internacional general de los tratados multilaterales, que no se puede aplicar debido a la reserva de Estados Unidos, la Corte no estaría capacitada para conocer el asunto.

Finalmente, para determinar la existencia de la opinio iuris se recurrió al apoyo que ofreció los Estados Unidos de América a la resolución de la sexta conferencia interamericana, 18 de febrero 1928, cuyo artículo número 11 prohíbe el uso de la fuerza con el fin de obtener territorios y, también se acudió, a la aceptación del principio de la prohibición del uso de la fuerza contenida la declaración sobre los principios que  rigen las relaciones entre los Estados participantes en la Conferencia sobre la Seguridad y la cooperación en Europa.

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Esta entrada fue publicada el agosto 21, 2013 por en Derecho Internacional.
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