Blog de Borja Fdez. Burgueño

Blog especializado en derecho administrativo, derechos humanos, asilo y protección internacional.

LA PROTECCIÓN DIPLOMÁTICA: El caso de la Muerte de José Couso en Irak

Concepto.

La protección diplomática, como define José Antonio Pastor Ridruejo, es una reclamación en la que se solicita una reparación por daños (no susceptibles de indemnización por vía interna) que haya sufrido un nacional a consecuencia de un hecho ilícito que haya realizado un tercer País.

La potestad de la protección diplomática la tiene el Estado. Es el derecho interno el que determina qué órgano de dicho Estado la lleva a cabo. En España es el Ministerio de Asuntos Exteriores el que ostenta esta facultad, aunque la reclamación la tramita bien los servicios centrales del Ministerio bien la misión diplomática acreditada en el Estado autor del hecho ilícito.

Según el Derecho Internacional los Estados no tienen la obligación de prestar protección diplomática a sus nacionales. De tal manera que sólo iniciarán esta protección cuando favorezca o esté en sintonía con la coyuntura política del momento y los fines que persiga. Por consiguiente, dependerá de consideraciones de oportunidad política.

El Estado demandante tendrá plena disponibilidad de la reparación obtenida por el efectivo ejercicio de la protección diplomática. El Estado podrá renunciar a ella, transigir sobre la misma o, incluso, beneficiarse directamente.

Requisitos para su ejercicio.

La nacionalidad del perjuiciado según el derecho consuetudinario Internacional se considera un requisito. Un Estado sólo puede ejercer la protección diplomática de sus nacionales. Según el Tribunal de la Haya el vínculo de nacionalidad entre el Estado y el individuo es el único que origina en el Estado el derecho a la protección diplomática de uno de sus nacionales salvo que exista algún tipo de acuerdo particular. Entre esos acuerdos cabe destacar el Tratado de Maastricht de la Unión Europea. Este tratado faculta a otro Estado miembro firmante el ejercicio de la protección diplomática de un nacional de otro país miembro si este no tiene representación diplomática u oficina consular en el tercer Estado en cuestión.

De esta misma forma, también se requerirá determinar la nacionalidad de las personas jurídicas. Ante esta disyuntiva, aparecen dos posturas o criterios. El primero de ellos consiste en determinar nacional a aquella persona jurídica cuya mayoría de socios sean de nacionalidad Española sin perjuicio de su sede o domicilio fiscal. El segundo criterio, que es al que da preferencia el Tribunal de la Haya, basa la nacionalidad en la legislación que ha presidido en la constitución de la misma, que coincidirá normalmente con su sede. El problema reside en la aplicación de la protección diplomática a accionistas que tienen una nacionalidad diferente a la de la sociedad.  En tal caso, nos podemos encontrar ante dos situaciones: perjuicios en los intereses de los accionistas resultantes de los daños causados directamente a la sociedad o daños causados  directamente a los accionistas como expropiación, impedimentos en el ejercicio de soso derechos y otros. En el primer caso, sólo el Estado de la nacionalidad de la sociedad puede ejercer la protección diplomática. En el segundo la protección diplomática será posible que provenga del Estado de su nacionalidad.

En todo caso, para que la reclamación sea admisible se necesita el agotamiento por los particulares lesionados de los recursos internos del Estado infractor. Ha de tratarse, pues, de una reclamación contra un acto definitivo. El profesor Jiménez de Aréchaga sostiene que “el ejercicio prematuro de la protección diplomática que no diese oportunidad a los órganos del Estado demandado para hacer justicia, constituirá una afrenta a su soberanía de independencia”

La conducta correcta del perjudicado algunos autores la consideran como otro requisito. La conducta incorrecta tiene consecuencias sobre el fondo de la cuestión y sobre el montante final de la reparación. La primera significa que el comportamiento de ilegal de un particular podría ser la causa o la justificación de otro acto ilícito. La segunda consecuencia tiene como resultado que el descuento de los gastos producidos por el particular, si ha tenido una incorrecta conducta, del montante final de la reparación.

Ejemplo reciente de ejercicio de protección diplomática por parte del Estado español.

CASO DE LA MUERTE DE JOSÉ COUSO EN IRAK

José Couso era un periodista de Telecinco que fue disparado por el soldado Shawn Gibson, autor de su muerte. José Couso se alojaba en un hotel junto con más de 300 periodistas ejerciendo su profesión de corresponsal de guerra. Entre ellos, fallecieron José Couso (español), Taras Protsyuk (ucraniano) y Tarek Ayub (jordano). El incidente se produjo porque al sargento estadounidense le había parecido descubrir un ojeador. Dicho supuesto ojeador presumió que era un iraquí con prismáticos que podía estar dando instrucciones a los fedayines que hostigaban a los tanques desde el otro lado del puente. El sargento alega que solicitó permiso para disparar contra el hotel, afirmando que disparó como respuesta a “fuego enemigo”, y por tanto, sabiendo que su conducta podía haber sido así justificada al amparo de la legítima defensa.

Tras estos acontecimientos, su familia protestó contra la negación del derecho a la protección diplomática. El Gobierno español negó, tácitamente, ese derecho dos veces en dos mandatos diferentes:

  • El PP en 2003 bajo el mandato de José María Aznar
  • El PSOE en 2006 bajo el mandato de Rodríguez Zapatero, cuando el juez Santiago Pedraz solicitó tal reconocimiento.

Aunque, al igual que el informe oficial, el George Bush afirmó que esas muertes fueron evitables pero no deliberadas. Así mismo el presidente de los Estados Unidos declaró que la guerra era un lugar peligroso y que nadie mataría a un periodista intencionadamente.

A continuación procederé a analizar si se cumplen todos los requisitos necesarios para el ejercicio de la protección diplomática.

El primero de ellos, el de nacionalidad. José Couso lo cumple perfectamente ya que nació en Ferrol, la Coruña. Y, por consiguiente, es nacional español por nacimiento, es decir, de origen.

El segundo criterio, el del agotamiento de los recursos internos del Estado. Los familiares o interesados que quieran ejercer esta protección diplomática contra los EEUU deberán haber agotado todos agotar todos los recursos accesibles y eficaces.

Por último, la conducta correcta del perjudicado. El daño no derivó de la incorrecta conducta del periodista ni de una actuación incorrecta del mismo. Tanto José Couso como el resto de periodistas obraron correctamente.

Por tanto, podemos afirmar que el caso cumple todos los requisitos para que se pueda ejercer la potestad Estatal de protección diplomática. Ahora bien, que se cumplan los requisitos es una condición sin la cual no es posible protección pero será el Estado el que decida iniciar esta acción diplomática. Por consiguiente quedará bajo la voluntad del Estado que se lleve a cabo la protección diplomática o no.

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Esta entrada fue publicada el febrero 21, 2012 por en Derecho Internacional.
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